Continúa la tramitación de la futura ley estatal de derecho a la vivienda, que lleva meses en trámite. Siendo tan elevados los precios de la vivienda en España, en relación al nivel de renta que se disponible en los hogares, especialmente en familias jóvenes, monoparentales, o numerosas, el problema de acceso a las viviendas es una realidad.
La regulación más discutida de la propuesta normativa, es en relación a la regulación del alquiler y al aumento de la presión fiscal sobre las viviendas vacías.
Destaca la nueva vivienda protegida, regulándose dos tipos: la que contiene un destino social que se promoverá sobre suelo de titularidad pública y la vivienda de precio limitado.
También se regulan condicionantes a lo que la ley llama “el gran tenedor de vivienda”, en relación a aquellas personas físicas o jurídicas que dispongan de más de 10 inmuebles con más de 1.500 metros construidos.
Otra particularidad es la regulación de las “Zonas de Mercado Residencial Tensionado”, que permitirá aprobar las mismas por las Comunidades Autónomas. Es previsible que estas zonas se establezcan dependiendo del interés que tenga cada comunidad autónoma en ello.
También, si la norma sale adelante, se creará un registro público donde se inscriban los arrendamientos de vivienda, y se aplicarán límites a los incrementos del alquiler, con límite máximo del precio aplicable conforme a índices de referencia. Su aplicación se implantaría a partir de 2024.
En cambio, las viviendas vacías podrían sufrir un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles siempre que sea de forma permanente, e incluso el recargo puede llegar al 100% si la desocupación no se justifica durante tres o más años.
Como cada modificación, el anteproyecto tiene sus ventajas e inconvenientes. El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la propuesta de informe favorable, siendo la principal crítica la omisión de las competencias en materia de vivienda que tienen las Comunidades Autónomas, además de ello, algunos vocales del consejo alegaban que se imponía un modelo de intensa intervención pública en la vivienda, y por tanto, consideran que la norma adolece de inseguridad jurídica.
Seguiremos pendientes de su evolución para informar sobre la regulación que definitivamente pueda aprobarse.